La integración energética en transición

Gerardo HoALAI AMLATINA, 08/09/2011.- La integración energética en América del Sur sigue enfrentando problemas. Entre las últimas controversias se encuentran las trabas en exportar energía desde Paraguay hacia Uruguay que levanta el gobierno argentino. Le anteceden las dificultades de Bolivia para cumplir con sus compromisos hacia Argentina y Brasil, los incumplimientos de Argentina con Chile y la antigua batalla de Paraguay por obtener mejores precios por la electricidad que vende a Argentina y Brasil.

Hidroelectricidad

Paraguay es el país con mayor excedente de electricidad de la región, basada en las represas de Itaipú (compartida con Brasil) y Yaciretá (con Argentina). Desde que Fernando Lugo asumió la presidencia del Paraguay, ha batallado por conseguir mejores precios para su energía, y liberarse de la vieja imposición de venderles obligatoriamente toda su energía excedente.

En el caso de Itaipú, Paraguay recibía hasta hace poco unos 100 millones de dólares al año por la venta de energía a Brasil, pero las autoridades paraguayas estiman que el país debería recibir diez veces mas si la electricidad se cotizara al valor del mercado. Por un acuerdo celebrado en 2009, luego de arduas negociaciones, Brasil aumentó la tarifa de la electricidad proveniente de Itaipú (de US$ 2,7 a US$ 8,4 el MWh), por lo que en la actualidad Paraguay ahora triplicó sus ingresos a 360 millones de dólares al año.

El 98% de la electricidad que genera Yaciretá es enviada a la Argentina. Al igual que en el caso anterior, Asunción estima que el precio que paga Argentina (entre US$ 8 y US$ 30 el MWh) es mucho menor al precio de mercado (US$ 80 a US$ 100). Pero además, los dos países mantienen un litigio por la posibilidad de vender parte de la energía de Yaciretá a terceros países.

En particular están muy avanzadas las negociaciones para que Paraguay exporte energía a Uruguay, ya sea de la propia Yaciretá o de una represa interior, propiedad exclusiva de Paraguay (Acaray, 210 MW). Pero esta energía debería atravesar el territorio argentino y el gobierno de este país aún no ha autorizado esta posibilidad.

“En mi opinión rige el Tratado de Asunción, en que la Argentina no tendría que poner ninguna traba abierta o encubierta que impida la libre circulación de bienes y servicios”, dijo Ricardo Canese, Coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos en declaraciones publicadas por el diario paraguayo La Nación. Canese fue enfático al señalar que la presidenta Cristina Fernández, ya en diciembre del 2008 se comprometió a permitir el paso de la energía paraguaya con destinos a Chile y a Uruguay, pero de todos modos se imponen trabas. El director de energía de Uruguay, Ramón Méndez, apunta en la misma dirección, señalando que Paraguay desea ir mas allá de sus compradores compulsivos, pero que se traba debido a la pretensión argentina de internalizar la energía paraguaya para luego re-exportarla, en lugar de permitir un simple tránsito. En el fondo están en debate la validez de los acuerdos de libre tránsito alcanzados en el seno del Mercosur.

Gas natural

En este caso, Argentina está preocupada por los incumplimientos de los compromisos asumidos por Bolivia de entregarle 27,7 millones de metros cúbicos de gas natural diarios a partir de 2010. Bolivia produce entre 38 y 43 millones de m3/d de los cuales aproximadamente 30 millones se destinan a Brasil y 7 millones son aprovechados en su mercado interno. Argentina ha estado recibiendo en estos últimos años apenas entre 2 y 7 millones de m3 de gas al día, algo muy escaso frente a su consumo diario de 144 millones de m3.

Esa escasez tuvo repercusiones adicionales en las exportaciones de gas de Argentina a Chile. Entre 1996 y 1999 Chile construyó 7 gasoductos hacia Argentina y llegó a importar unos 25 millones de m3/d, hasta que en 2004 comenzaron las restricciones. A los problemas internos de Argentina que no pudo ampliar su producción gasífera, se le sumaron los de Bolivia que tampoco logró concretar inversiones para ampliar su propia producción. Actualmente Chile ha construido dos plantas regasificadoras (Quintero y Mejillones), con las que espera abastecerse a partir de gas licuado importado.

Brasil también ha tomado sus recaudos desde la nacionalización del gas boliviano llevada adelante por Evo Morales. Sus previsiones a futuro son mantener los 30 millones de m3 diarios de origen boliviano, pero sumarle gas a partir de recursos propios o por la importación de gas natural licuado (GNL). Si el gas natural boliviano representaba más del 40% de la oferta interna brasileña en 2006, para el año 2012 se estima que descenderá a un 22%.

Modalidades de la integración

Esto muestra que la integración energética regional está cambiando. Mientras que en las décadas de 1980 y 1990 era funcional a una estrategia de liberalización de los mercados que buscaba favorecer los desarrollos empresariales del sector energético, con la interacción de particulares y gobiernos.

Con la entrada del nuevo siglo, los países suramericanos han iniciado un proceso de retoma del control del sector y la integración energética en este nuevo contexto requiere de una modalidad más centralizada. La idea de una interconexión internacional con libre acceso a las redes y las fuentes energéticas era compatible con un libre funcionamiento de los mercados. Hoy, ante la presencia de gobiernos que procuran una mayor presencia en el diseño de la política energética, la integración requiere de alguna forma de coordinación política supranacional.

El Consejo Energético de Suramérica (creado en 2008) y el Tratado Energético Suramericano (aún en elaboración), son tibios pasos en ese sentido. Las controversias entre países señaladas anteriormente son una prueba cabal de que aún se está lejos de ofrecer una plataforma política para una modalidad de integración energética que pueda resolverlas. Quizá estemos sufriendo los desacomodos que provoca la transición de un estilo de integración que ya no funciona hacia otro que aún está en preparación.

- Gerardo Honty es analista en energía de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social.